En conjunto, la discapacidad intelectual en sus
diferentes manifestaciones, afecta a alrededor de 5 millones de niños y
jóvenes en el entorno europeo. Muchos de estos niños se encuentran
institucionalizados, donde permanecen de por vida. A no ser que se tomen
medidas urgentes, se espera que esta cifra aumente en un 1% al año,
durante los próximos 10 años.
Tal y como se detalla en esta Declaración Europea, a
pesar de los enormes esfuerzos realizados durante los últimos años, los
Estados miembro reconocen que los niños con discapacidad intelectual
todavía se encuentran con importantes obstáculos para acceder a
servicios adecuados y eficaces de promoción de la salud y atención
sanitaria, que les permitan alcanzar una vida plena. Estos niños y sus
familias se enfrentan a la discriminación asociada a la discapacidad
intelectual, y a otros riesgos de exclusión derivados de razones de
género, religión, procedencia, clase social, etc., lo que provoca
grandes desigualdades en su estado de salud y desarrollo y, finalmente,
su marginalización.
"Los niños con discapacidad intelectual tienen los
mismos derechos a la salud, asistencia social, educación y protección
que el resto de los niños. Deben tener las mismas oportunidades para
tener una vida plena y estimulante y crecer en la comunidad, junto con
sus familiares y compañeros", indicó Zsuzsanna Jakab, Directora Regional de la OMS en Europa, durante el acto de presentación de la Declaración.
Por otro lado, Steven Allen, Director regional
para Europa Central y Oriental y representante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), subrayó que "lo más
preocupante es que la institucionalización de los niños con discapacidad
sigue una tendencia estable, al margen de cualquier reforma. En muchos
países los niños con discapacidad institucionalizados representan el 60%
del total. Entendemos que es un indicio claro de fracaso de los
sistemas para dar respuestas adaptadas a estos niños y sus familias".
Por este motivo, el propósito de la Declaración
Europea es que los niños y jóvenes con discapacidad intelectual y sus
familias alcancen una adecuada calidad de vida y, para ello, establece
10 líneas de acción prioritarias:
-
La protección de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual frente a situaciones de abuso y maltrato.
-
El desarrollo y crecimiento de los niños dentro de su entorno familiar, evitando su separación familiar.
-
La transferencia de los cuidados, desde las instituciones a la comunidad. A este respecto, y según se señala en el texto: "El
alojamiento en régimen residencial tiene un impacto negativo en la
salud y el desarrollo de estos niños, y debería reemplazarse por un
apoyo comunitario de alta calidad".
-
La identificación de las necesidades de estos niños. El documento subraya la importancia que tiene "la identificación y la intervención temprana" en estos casos. Además, añade que: "los
niños y jóvenes con discapacidad intelectual requieren evaluaciones
constantes de sus necesidades y un plan de apoyo que les permita
afrontar los cambios asociados a cada etapa de la vida".
-
La garantía de un cuidado coordinado y contínuo en la atención a su salud mental y física.
-
La protección de la salud y el bienestar de los cuidadores. Con
el objetivo de que los niños y jóvenes con discapacidad intelectual
crezcan y se desarrollen en el seno de sus familias, la Declaración
establece que "se debe prestar apoyo y atención a la salud y el bienestar de los familiares que están a su cargo", ya que "invertir
en medidas de apoyo y capacitación de los cuidadores de estos niños,
desde el momento de la identificación de la discapacidad intelectual
hasta la etapa adulta, puede prevenir problemas derivados de la carga y
el estrés familiar o evitar el rechazo hacia su cuidado".
-
La participación activa de los niños y jóvenes con
discapacidad intelectual en los procesos de toma de decisiones sobre sus
vidas.
-
El desarrollo de su capacidad laboral y su compromiso con la sociedad.
-
La recogida de información fiable sobre las
necesidades y servicios prestados a este colectivo, para asegurar una
adecuada calidad.
-
La inversión de esfuerzos para proporcionar la igualdad de oportunidades y la consecución de los mejores resultados.
La declaración está respaldada por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Europea, el
Consejo Europeo, representantes de niños con discapacidad intelectual y
familiares, proveedores de servicios sociales y educativos, así como
organizaciones no gubernamentales.
Con la adopción de este compromiso, los Estados
miembro reconocen que los niños con discapacidad intelectual necesitan
una atención integral y eficaz a través de servicios basados en la
comunidad. En este sentido, el papel de los psicólogos –cuya trayectoria
profesional en el área de las discapacidades está ampliamente
consolidada-, resulta de especial interés para la mejora de la
integración y de la calidad de vida de las personas con discapacidad y
de sus familiares.
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